El 31 de mayo de 2010, Australia interpuso una demanda contra el Japón alegando  que la continuación por el Japón de un programa en gran escala de caza de la ballena en el marco de la segunda fase del Programa Japonés de Investigación de Cetáceos en el Antártico mediante un Permiso Especial (JARPA II) constituía una infracción de las obligaciones asumidas por el Japón en virtud de la Convención internacional para la reglamentación de la caza de la ballena, así como otras de sus obligaciones internacionales respecto de la preservación de los mamíferos marinos y el medio marino

Al final de su demanda, Australia pidió a la Corte que fallara y declarara que el Japón, con la ejecución del programa JARPA II en el Océano Glacial Antártico, incumplía sus obligaciones internacionales, y que ordenara que el Japón: a) pusiera fin a la ejecución del programa JARPA II; b) revocara todas las autorizaciones, permisos o licencias por las que se hubieran aprobado las actividades objeto de la demanda; y c) diera seguridades y garantías de que no adoptaría ninguna otra medida con arreglo al programa JARPA II u otros programas similares hasta que dicho programa se hubiera conformado a las obligaciones que le incumbían con arreglo al derecho internacional.